Los jueces y juezas españoles concluyeron en 2017 un total de 97 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 411 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.
Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, que muestra los datos sobre esta durante el año pasado. La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, al ser ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.
Los procedimientos judiciales que aparecen en los datos facilitados por el CGPJ tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Los delitos dentro de estos supuestos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho (artículos del 413 al 422), tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (artículos del 428 al 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).
De los 97 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, cuatro son de la Audiencia Nacional. Los otros 93 restantes provienen de diferentes órganos judiciales de las comunidades autónomas.
En cuanto a las personas acusadas en esos procedimientos -un total de 411-, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 97 de ellas en el último trimestre del año pasado.
Personas acusadas en procedimientos por delitos de corrupción
En la Audiencia Nacional se acusaron a 11 personas, mientras que en el resto de órganos de las comunidades se acusaron a las otras 400. La comunidad autónoma donde se condenó a un mayor número de individuos fue Andalucía (144), muy por encima de las siguientes, Canarias (48) y Cataluña (41).
Navarra y La Rioja encabezan las comunidades con menos personas acusadas, ambas con cero, y empatadas al segundo puesto encontramos a Aragón y Murcia, con una cifra de dos personas acusadas en procesos judiciales en 2017.
Un 73,8 por ciento de sentencias condenatorias
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 93 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento del total.
Dentro de las sentencias condenatorias, 38 de ellas fueron con conformidad, mientras que 35 fueron sin conformidad del acusado.