Las procuradoras gallegas reclaman más competencias para aliviar el colapso de los juzgados, siguiendo el modelo portugués. Proponen asumir tareas como ejecuciones, notificaciones, embargos, subastas y determinados trámites administrativos, dejando a los juzgados y jueces los asuntos estrictamente jurisdiccionales.
Según el Consejo General de Procuradores, en Galicia hay más de 213.000 asuntos pendientes, lo que supone importantes costes económicos para ciudadanos y empresas.
Las procuradoras sostienen que aplicar el modelo portugués permitiría liberar unos 2.000 millones de euros actualmente bloqueados en los tribunales gallegos y reducir considerablemente los tiempos de tramitación.
La propuesta ya ha sido trasladada a los grupos parlamentarios y al Gobierno central, aunque por el momento no ha tenido éxito. Defienden que ampliar sus funciones permitiría agilizar la Justicia sin restar garantías a los ciudadanos.
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