Más de 2700 trabajadores de la Justicia en Galicia están convocados desde hoy a la primera huelga indefinida del sector en la comunidad.
La discriminación salarial como caballo de batalla.
Para que siete sindicatos: UGT, CCOO, CIG, USO, CUT, STAJ y CSIF, se pongan de acuerdo para convocar un paro indefinido, tiene que estar pasando algo muy grave. La lucha contra la marginalidad y la discriminación que sufren los funcionarios de Justicia en Galicia ha provocado que todas las organizaciones sindicales hayan emprendido el mismo camino, en un ejercicio de responsabilidad con los empleados públicos a los que representan.
Los convocantes reclaman cinco medidas para empezar a subsanar la marginación que sufren con respecto al resto de funcionarios del Estado. Estas son: la equiparación en las bajas médicas con jueces, letrados judiciales y fiscales; la devolución de las partidas salariales que les recortaron entre 2013 y 2016; la creación de las plazas ocupadas por funcionarios de refuerzo así como la uniformidad salarial entre el personal fijo y los sustitutos; además de la disminución de la discriminación salarial que sufren los trabajadores con respecto a los funcionarios del sector en otras comunidades.
Fuentes sindicales apuntaban a un ligero aumento del seguimiento del paro, que ayer en Vigo se situó rozando el 95%. Calculan que se podrían haber suspendido alrededor de un centenar de juicios en una jornada habitualmente muy movida en las salas de Instrucción y lo Social.
El seguimiento de la huelga convocada en la administración de Justicia en Galicia fue hoy de un 42,11%, un dato semejante al del día de ayer, según fuentes de la Consellería de presidencia, que informa que 1.137 funcionarios de un total de 2.700 acudieron a sus puestos de trabajo. Los servicios mínimos se están cumpliendo en su totalidad. Por provincias, el seguimiento de la huelga en A Coruña fue del 40,12%; en Lugo, del 35,92%; en Ourense, del 49,27%, y en Pontevedra, del 48,91%.