El alto tribunal le da la razón a la Xunta, en línea con la reciente sentencia favorable a la reclamación del impuesto por parte de Castilla y León.
El estado deberá pagar aproximadamente 204 millones de euros por la exclusión de la liquidación del mes de diciembre. El ponente indica que la cuantía se determinará por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada por el Ministerio de Hacienda y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA correspondiente a doce mensualidades, incluyendo, por tanto, la correspondiente el mes de noviembre de 2017, a la que deberá añadirse el abono de los intereses legales correspondientes